La alcaldía de Alfonso Martínez garantiza que no existe riesgo como en Guadalajara en los años 90 o en el estado de Hidalgo con el huachicoleo: “nada qué ver”, externó Yankel Benítez, secretario del Ayuntamiento

Acento News

Por obstaculizar la construcción del gasoducto entorno a Plaza La Huerta, en Rinconada del Valle, el Ayuntamiento de Morelia agredió a los vecinos por no querer la obra a causa de los eventuales riesgos.

El arribo de los policías municipales fue supervisado por Milton Valladares, director de Gobernación de Morelia, y Darío Calderón, jefe de Prevención Ciudadana de la Secretaría del Ayuntamiento capitalino, aseguraron los colonos.

“Llegaron diez patrullas por un lado y otras diez por el lado de Walmart, con infinidad de policías y maquinaria pesada, camiones de volteo; llegaron a levantarnos la tierra, a levantar nuestro bloqueo, a quitarnos las mantas, agrediéndonos totalmente los policías”, contó Iris Artemisa García Valenzuela, integrante del Comité Vecinal  ‘No al gasoducto’, quien aseguró que los vecinos continuarán con su lucha para impedir que la obra se realice.

García Valenzuela explicó que una vez los policías se percataron de que los habitantes los grababan, funcionarios municipales y algunos elementos de seguridad se fueron del sitio, aunque no sin antes amenazarlos: “ya quedaba dicho que no teníamos por qué volver a poner los montículos de tierra y las mantas”.

Para el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, existe cerrazón de parte de los vecinos, quienes piden al municipio cancelar la obra ante posibles riesgos como los vividos en Guadalajara en la década de los 90 o en el estado de Hidalgo con los casos de huichicoleo, lo que el funcionario negó rotundamente.

“No podemos cancelar una obra contratada entre particulares, cumple con todos los requisitos. Hay una connotación de riesgos legales que no podemos asumir. La empresa tiene que sensibilizar sobre que no existen riesgos. Hablan de lo que pasó en Guadalajara en los 90 o con el huachicoleo en Hidalgo, nada qué ver”, expresó Benítez Silva.

No obstante, en ningún momento el funcionario municipal hizo referencia al desalojo mediante el que con decenas de elementos policiacos sufrieron los vecinos de la zona.

Señaló, sin embargo, que los vecinos promovieron un amparo para detener la obra que, de hecho, llevaría un mes detenida, y esperó que fuese legalmente como todo se resolviera, aunque reconoció que la comuna moreliana de Alfonso Martínez Alcázar sí retiró los objetos que habían colocado los manifestantes., sin aludir a las decenas de policías y a las amenazas.

De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, habrían sido quejas vecinales y de locatarios de la zona adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) las que propiciaron el desalojo: “No pueden estar los derechos de unos cuantos por encima de los demás”, agregó el funcionario.

No obstante, el gasoducto no tiene origen federal o estatal, ni siquiera del municipio, explicó Yankel Benítez, sino que se trata de una construcción asignada a Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V., la cual, tras dos reuniones con los vecinos, no ha conseguido hacerles creer que no existe ningún riesgo para su seguridad, motivo por el que estos piden la cancelación y no volver a reunirse con la empresa.

Cabe señalar que según el funcionario, los manifestantes habían cerrado la zona en torno a la calle Encuentro de Maravatío, a espaldas del periférico, por lo que sus objetos fueron retirados.

Asimismo, el funcionario añadió que el gasoducto no es municipal y que cuenta con una licitación nacional otorgada en 2012 a la empresa por parte de la Comisión Reguladora de Energía, además de tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Agencia de Seguridad Ambiental del 2019, licencia de construcción municipal de 2022 y dictámenes de Protección Civil (PC).

Con todo, el Comité Vecinal  ‘No al gasoducto’ dijo que reforzarían su presencia y las barricadas, a fin de que la obra no se lleve a cabo por los riesgos que implica, lo que podría suscitar nuevas intervenciones policiales por parte del Ayuntamiento de Morelia.