La administración de Donald Trump inició una profunda reestructuración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de endurecer su política migratoria y aumentar los arrestos de indocumentados. Casi la mitad de los directores regionales serán desplazados y los altos mandos reemplazados por funcionarios de la Patrulla Fronteriza, conocidos por sus tácticas más agresivas.

Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los cambios afectarán hasta una docena de las 25 oficinas de campo, liderados por Corey Lewandowski, asesor cercano a Trump. La Casa Blanca asegura que ICE ha sido “demasiado lento” para cumplir los objetivos de Stephen Miller: 3 mil detenciones diarias, casi tres veces el promedio actual.

La reorganización también incluye trasladar a líderes de operaciones fronterizas hacia ciudades como Los Ángeles, Chicago y Filadelfia, donde se reforzarán las redadas. Mientras, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, propone priorizar a migrantes con antecedentes penales, los directivos de ICE defienden detenciones sin excepciones: “si estás en el país ilegalmente, estás sobre la mesa”, declaró Tom Homan.

En paralelo, el Pentágono creó “fuerzas de reacción rápida” con 23 mil 500 miembros de la Guardia Nacional, entrenados para intervenir en disturbios relacionados con política migratoria o procesos electorales, medida que expertos consideran un paso hacia la militarización del control interno.

Con esta estrategia, Trump consolida una nueva etapa en su política migratoria, combinando fuerza, respaldo militar y control policial, con la promesa de acelerar deportaciones y endurecer la vigilancia sobre los indocumentados en Estados Unidos.