El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este lunes el despliegue de 700 marines en Los Ángeles, intensificando el uso de fuerza militar contra civiles en una de las ciudades con mayor población latina del país. La medida, motivada por las protestas contra las redadas migratorias del ICE, ha sido calificada de “demente” e “ilegal” por autoridades locales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció la acción como una violación del orden constitucional. “No deberían ser desplegados contra sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un presidente dictatorial”, publicó en X.

Las tensiones estallaron luego de que agentes del ICE detuvieran a decenas de personas, en su mayoría migrantes latinoamericanos, lo que desató manifestaciones en las calles. Las protestas —que incluyeron bloqueos, incendios y enfrentamientos con la policía— fueron reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y ahora, presencia militar.

Mientras Trump afirma que los manifestantes son “insurrectos” y justifica la militarización para “evitar que Los Ángeles sea destruida”, líderes locales y defensores de derechos humanos acusan al gobierno federal de provocar deliberadamente una crisis.

“Esto ya no es una democracia”, declaró Kelly Diemer, vecina de Los Ángeles. “Es como si los hubieran enviado a atacarnos”.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia “venga de donde venga” y urgió a las autoridades estadounidenses a garantizar el debido proceso y el respeto a la dignidad de las personas migrantes. Más de 40 mexicanos fueron detenidos en los operativos del ICE, según fuentes consulares.

En contraste, la ex vicepresidenta Kamala Harris acusó a Trump de escalar el conflicto con fines políticos: “una provocación destinada al caos”.

Lo que está en juego no es solo la política migratoria. Es el derecho de protestar, el uso del ejército contra civiles y la normalización del autoritarismo en una democracia que hoy enfrenta sus propias contradicciones.