Por Andrea Serna Hernández
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Gaza no puede seguir siendo silenciado. Lo que se está imponiendo desde el poder no es orden ni justicia: es violencia de Estado, es persecución, es una política de ultraderecha que ha hecho del sufrimiento ajeno su principal herramienta de gobierno.
Esta semana en Paramount, California, el ICE —Immigration and Customs Enforcement, es decir, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos— ejecutó redadas brutales contra la comunidad migrante. Detenciones arbitrarias, familias separadas, personas trasladadas sin aviso a centros de detención colapsados en Texas, Arizona o Washington, donde nadie puede encontrarlas. ¿El delito? Ser migrante. Buscar una vida digna.
Agentes armados enfrentándose a activistas, vecinas, trabajadores que defendían a los suyos. Gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, vehículos blindados contra una comunidad desarmada. ¿Qué democracia actúa así contra su propia gente? ¿Qué clase de nación se cree con derecho a tratar a mexicanas, centroamericanas y sudamericanas como si fueran prescindibles?
Migrar es un derecho humano, reconocido por el Derecho Internacional Humanitario. No es delito buscar refugio, no es delito escapar de la violencia o de la pobreza. Como dijo el artista Ai Weiwei, migrar es parte esencial de lo que somos como humanidad. Y sin embargo, hoy se persigue como si fuera una amenaza. Lo que debería conmovernos y comprometernos, lo están convirtiendo en motivo de odio.
Esta política no es nueva, pero ahora ha ido demasiado lejos. Y no solo en las Américas. En Gaza, el horror es diario y sistemático. El ejército israelí, con apoyo logístico y diplomático del gobierno de Estados Unidos, ha provocado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Más de 178,000 personas asesinadas o heridas, la mayoría mujeres y niños. Enfermedades que se propagan porque se niegan vacunas y medicamentos. El 90% de la población sin agua potable. Familias enteras sin comida ni refugio.
Y mientras dicen que “proporcionan ayuda”, lo que hacen es reubicar forzosamente a la población, desplazando comunidades bajo el pretexto de “zonas seguras” que luego bombardean. ¿Bajo qué justificación se comete semejante crimen? ¿Quién puede seguir creyendo que eso es defensa? Es limpieza étnica. Es castigo colectivo. Es genocidio. Y lo están financiando con el aval del país que se dice líder del mundo libre.
Estados Unidos exige al mundo lo que no está dispuesto a cumplir. Habla de derechos humanos mientras reprime migrantes en sus calles y permite masacres en Gaza. Es la hipocresía del imperio, que criminaliza al débil y protege al fuerte, que convierte la vida humana en moneda de cambio. Como mujer de izquierda, como mujer comprometida con la justicia y los derechos de todas, lo digo claro: su hipocresía es criminal.
Callar ante esto no es neutralidad. Es complicidad. Y hay demasiada complicidad disfrazada de diplomacia.
¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está la comunidad internacional que presume proteger los derechos humanos?
¿Dónde están las voces que deberían estar gritando por Gaza, por California, por las mujeres y niños migrantes que están siendo perseguidas, perseguidos, desplazadas, desplazados o asesinadas y asesinados? Los crímenes que hoy vemos no ocurren por accidente: son posibles porque el silencio los permite, porque las instituciones que deberían impedirlos han decidido mirar hacia otro lado.
Desde la izquierda, desde el feminismo, desde la lucha colectiva por la vida digna y sin fronteras, lo decimos fuerte, claro y con esperanza:
No se puede normalizar la barbarie. No se puede aceptar que ser migrante sea motivo de persecución. No se puede permitir que el genocidio se disfrace de ayuda humanitaria. Porque cada cuerpo desplazado, cada voz silenciada, cada infancia asesinada, es una herida abierta en la humanidad entera. Y esa herida no puede cerrarse con impunidad.
Como gritamos en las calles y en las fronteras:
“Ninguna frontera puede estar por encima del derecho a vivir con dignidad.”
