Morena respaldará jurídicamente a los 22 presidentes municipales que denunciaron los casos de extorsión de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ahora es titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), quien les pedía obras a cambio de no afectarlos
Acento News
Respaldo a los 22 alcaldes denunciantes del exauditor Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por presuntos casos de extorsión, ofreció el dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva.
A su vez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que con la reforma a la normativa del servicio público, los presuntos delitos de Aguirre Abellaneda podrían no ser tomados como faltas administrativas sino como hechos penales.
Y es que, como se dio a conocer este 29 de mayo, Miguel Ángel Aguirre amenazaba a los presidentes municipales sobre represalias de parte de la ASM, en caso de no contratar a sus constructoras para realizar obras dentro de sus demarcaciones.
Es el caso de las empresas Maram Arquiconstrucciones, Arquidemos Constructor y Consultoría y Servicios Macguirre, en las que familiares directos e indirectos del ahora exauditor figuran como apoderados legales y constituyentes.
Por ello, Celis Silva externó que se daría seguimiento a las investigaciones, a fin de deslindar responsabilidades, además de que habría respaldo legal a los 22 alcaldes que hasta el momento han presentado denuncias penales en contra de Aguirre Abellaneda y otros implicados.
“Instamos a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que investigue de manera minuciosa estos hechos tan lamentables. No podemos permitir que se siga violentando la autonomía de los municipios y que se amenace a los alcaldes michoacanos”, señaló el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado.
Como se recordará, el Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez, había informado previamente que con la reforma a la normativa del servicio público, los presuntos delitos de Aguirre Abellaneda podrían no ser tomados como faltas administrativas sino como cargos en materia penal.
En ese sentido, Ramírez Bedolla expuso que la remoción del ahora exauditor no se trataba de un tema de persecución política sino que tenía origen en su actuación como funcionario público y que lo mismo pasaría con otros servidores que incurrieran en casos de corrupción.
“No hay un tema de persecución política. No es el origen sino el actuar, nos informan diputados y presidentes municipales de su actuar en el cargo, de su desempeño. Cada órgano autónomo y funcionario público es responsable de sus actos”, manifestó Ramírez Bedolla.
