Por Andrea Serna Hernández

La propuesta de reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum ha desatado polémica, pero también la necesidad de un debate serio sobre la democracia en México. No se trata de un ataque al Instituto Nacional Electoral (INE), sino de un esfuerzo por combatir la corrupción y malas prácticas que han minado la confianza ciudadana.

El detonante fueron las elecciones para el Poder Judicial el pasado 2 de junio, en donde la presidenta denunció la actitud de “golpeteo” de algunas y algunos consejeros del INE, quienes intentaron socavar un proceso legítimo. No podemos perder de vista que esa no es una cuestión menor, sino una señal clara de que el sistema requiere cambios profundos.

La Comisión Presidencial, que será presidida por Pablo Gómez Álvarez, tendrá la responsabilidad de diagnosticar el estado actual de la organización electoral y diseñar una reforma que atienda los problemas que han costado millones de pesos, como los 8 mil millones gastados en la elección judicial. Es inadmisible que con esos recursos no se garantice transparencia y eficiencia.

Entre las propuestas más relevantes están la elección popular de los consejeros electorales, la eliminación de diputados y senadores plurinominales para privilegiar la representación territorial y minoritaria, y una reducción sustancial del financiamiento público a partidos. La presidenta Sheinbaum plantea que se puede hacer más con menos, y esta es una propuesta sensata frente al despilfarro actual.

La reacción de la derecha política ha sido previsible: golpeteo, desinformación y miedo. Temen perder el control que les permite seguir beneficiándose a costa de la democracia. Pero el país no puede seguir estancado en un sistema que privilegia intereses particulares y costos exorbitantes.

El debate está abierto y debe darse sin medias tintas ni censuras. No podemos permitir que la democracia siga siendo rehén de un sistema obsoleto, ineficiente y costoso que beneficia a unas y unos pocos a costa de la mayoría. México requiere un modelo electoral acorde a las demandas actuales, que ponga al pueblo en el centro, garantice transparencia y equidad, y exija rendición de cuentas de cada peso del dinero público.

Esta reforma no es un capricho ni una ocurrencia como recientemente lo han señalado exconsejeros presidentes; es la exigencia legítima y urgente de millones de mexicanas y mexicanos que están hartos de un sistema político que no les representa. Y si esta reforma es para fortalecer la democracia y beneficiar al pueblo, entonces debe avanzar sin titubeos.