En entrevista colectiva, el alcalde capitalino también señaló que por orden suya los policías portan cámaras, a pesar de que se trata de una violación a los derechos de los morelianos; en caso de que no las lleven, los policías son dados de baja
Con la nueva Ley de Movilidad estatal ya no habrá corrupción por parte de Tránsito municipal, ya que se requería un permiso del Ayuntamiento capitalino para que camiones de carga atravesaran Morelia, lo que derivaba en extorsiones.
Así lo reconoció el edil Alfonso Martínez Alcázar, quien apuntó que al eliminar el “viejo y obsoleto” reglamento de transporte en Michoacán, el cual databa de 1982, los camiones de carga ya pueden ingresar a Morelia sin ser extorsionados.
“Morelia era una de las únicas ciudades donde se necesitaba un permiso para transitar”, explicó Martínez Alcázar, quien apuntó que dicho permiso de tránsito era “difícil de sacar”, lo que había suscitado que Coca-Cola Femsa ya no quisiera conducir camiones con edulcorantes para preparar bebidas azucaradas, toda vez que las corporaciones de tránsito extorsionaban a los conductores, se llevaban sus vehículos y, en el corralón, el producto era sustraído.
Al ser cuestionado sobre si el “difícil” permiso debía tramitarse ante el gobierno estatal, Alfonso Martínez respondió: “Era municipal el permiso”, para de inmediato tratar de deslindar a la Policía de Morelia de los actos de corrupción que había señalado: “Pero la extorsión venía de todos lados”, recompuso, sin acertar a decir cuántos casos como ése se habían presentado o dónde estaban las denuncias.
Para certificar la integridad de la Policía de Morelia, Martínez Alcázar reiteró, como en otras ocasiones, que los oficiales de la corporación a su cargo portan cámaras, a pesar de tener dos resoluciones en contra de parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) por violación a los derechos de los ciudadanos, ya que un habitante no puede ser grabado sin que se le lea un aviso de privacidad y sin dar su consentimiento previamente.
“Cuando hay un reporte revisas la cámara y ya, hemos dado de baja elementos porque apagaron la cámara, entonces no hay forma de defender que no hubo un acto de corrupción”, expuso el presidente municipal de Morelia, con lo que demostró no querer acatar la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, en cambio, penalizar ilegalmente a los policías que sí siguen el protocolo de actuación que dicta la ley.
Y agregó: “Si coincide el reporte con que no hay video, en automático hay culpabilidad (de los policías que apagan sus cámaras); necesitamos que en otros ámbitos de gobierno también se trabaje en ese sentido”.
Por último, Alfonso Martínez señaló que donde más se generaban las extorsiones de su propia corporación y “de todos lados”, a causa del permiso que solicitaba el municipio a los camiones de carga para circular, era en el “libramiento” o “circuito periférico”, motivo por el que en la nueva Ley de Movilidad estatal se buscó “plasmar que las funciones de tránsito son exclusivas del municipio”, algo que no se habría logrado.
