Un juez federal anunció que retomará una investigación para determinar si funcionarios del gobierno del presidente de EU, Donald Trump, violaron una orden judicial que prohibía los vuelos de deportación a El Salvador.

La decisión ocurre después de que un tribunal de apelaciones autorizó continuar con el proceso, informó el Washington Post.

La indagación fue ordenada en abril por el juez James Boasberg como parte de un procedimiento para evaluar si la administración Trump incurrió en desacato, luego de enviar a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a la prohibición judicial.

El caso fue pausado cuando el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia suspendió temporalmente la investigación para analizar los argumentos del Gobierno Trump.

En una audiencia realizada, Boasberg confirmó que ya tiene luz verde para proseguir. Aclaró que su labor no es determinar si debe declararse desacato, sino si existe suficiente evidencia para remitir el caso bajo esa figura.

El juez adelantó que llamará a declarar al menos a dos personas: Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia que fue despedido, y Drew Ensign, abogado del mismo departamento señalado por Reuveni de engañar al tribunal sobre los vuelos.

En su primera opinión, de más de 40 páginas, Boasberg acusó al Ejecutivo de actuar con “completo menosprecio” hacia la orden que buscaba detener los traslados. Advirtió que permitir al gobierno ignorar fallos judiciales convertiría en “una burla solemne” a la Constitución.

El conflicto inició después de que Trump invocó, el 14 de marzo, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos acusados de integrar el grupo criminal Tren de Aragua. Un día después, Boasberg bloqueó el uso de la ley mientras dos aviones ya se dirigían a Centroamérica, ordenando su regreso. Las aeronaves, sin embargo, aterrizaron en El Salvador, lo que desató una batalla legal sin precedentes en la que Trump incluso sugirió someter al juez a un juicio político.

La Casa Blanca enfrenta además otro litigio derivado del caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño expulsado junto con los venezolanos y posteriormente retornado a Estados Unidos por orden judicial.