Redacción

La política pública en materia de lactancia materna mantiene un rezago en Michoacán, donde persiste una deuda legislativa y operativa para garantizar este derecho en condiciones adecuadas.

De acuerdo con datos expuestos en el ámbito público, en la entidad únicamente funcionan 16 salas de lactancia en espacios oficiales, cifra considerada insuficiente frente a la demanda de madres trabajadoras y estudiantes que requieren instalaciones dignas y privadas.

Especialistas y colectivos han señalado que, aunque existen disposiciones generales que reconocen el derecho a la lactancia, el estado carece de una legislación integral que establezca obligaciones claras para instituciones públicas y centros laborales, así como lineamientos técnicos para la instalación y supervisión de lactarios.

La ausencia de un marco robusto se traduce en obstáculos cotidianos para mujeres que deben improvisar espacios o enfrentar limitaciones laborales.

Activistas sostienen que avanzar en una política integral no sólo implica reformas legales, sino presupuesto, supervisión y corresponsabilidad institucional para garantizar el derecho a la alimentación y a la salud en la primera infancia.