La iniciativa que buscaba garantizar la alternancia de género en la gubernatura de Michoacán fue retirada de la orden del día del Congreso local, lo que en los hechos sepultó su discusión y posible aprobación.

El planteamiento proponía asegurar que una mujer pudiera acceder a la titularidad del Ejecutivo estatal, a partir del proceso electoral de 2027. Aunque no implicaba una aplicación inmediata tras el mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sí buscaba establecer un precedente normativo para saldar una deuda histórica con las mujeres michoacanas.

El retroceso en el Legislativo se concretó tras la fractura del Grupo Parlamentario del PRD, impulsor principal de la reforma, luego de que la diputada Brissa Ireri Arroyo Martínez renunciara a dicha bancada, denunciando violencia política de género por parte del coordinador perredista, Octavio Ocampo.

La salida de Arroyo provocó la disolución del grupo parlamentario y con ello el debilitamiento de la propuesta, que nunca logró avanzar a la etapa de dictamen ni de discusión formal. La falta de respaldo y coordinación exhibió no solo una crisis política, sino un ambiente permeado por el machismo legislativo.

Incluso fuera del Congreso, figuras políticas han rechazado abiertamente la propuesta argumentando que “transgrede los derechos políticos de los hombres”, como expresó el senador Raúl Morón, dejando en evidencia la resistencia de ciertos sectores a la equidad de género en el poder.