En el corazón de Morelia, Michoacán, a escasos 500 metros del ayuntamiento, el casino clandestino más grande del centro histórico. A pesar de la prohibición de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, este establecimiento desafía a las autoridades locales bajo la mirada indiferente de la administración de Alfonso Martínez Alcázar.

Desde 2017, cuando Martínez Alcázar asumió su primer mandato independiente, llamó la atención la aparición de un local de apuestas en la avenida Morelos Sur, a solo una cuadra de la majestuosa catedral de Morelia. Este espacio, lejos de ocultarse, exhibe abiertamente decenas de máquinas tragamonedas que, día tras día, atraen a una multitud de apostadores.

A pesar de contar con al menos 40 supervisores de inspección y vigilancia en el Centro Histórico, el casino clandestino nunca ha enfrentado la clausura. La gestión de Martínez Alcázar parece ignorar las directrices de la Secretaría de Gobernación federal, que, a través de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, prohíbe expresamente los juegos de azar y las apuestas en todo el territorio nacional.

En el presente año, el gobierno de Michoacán lanzó una campaña para erradicar las máquinas tragamonedas, asociándolas directamente con el crimen organizado y la violencia. Sin embargo, este llamado fue descartado por la administración de Martínez Alcázar, generando preocupaciones sobre la efectividad de las medidas gubernamentales.

La legislación es clara en cuanto a la prohibición de las máquinas tragamonedas, definiéndolas como dispositivos destinados a apuestas no determinadas de antemano. El artículo cuarto de la ley también prohíbe expresamente la apertura y operación de lugares destinados a juegos de azar sin el permiso de la Secretaría de Gobernación, algo que este casino clandestino desafía abiertamente.