La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar el estado de emergencia en respuesta a las recientes redadas federales contra la migración que han impactado a miles de residentes desde junio.

La propuesta, promovida por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue aprobada en primera votación con cuatro votos a favor y uno en contra, y será sometida a una nueva deliberación el 14 de octubre.

De aprobarse, la medida otorgaría a la Junta facultades adicionales para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones, incluyendo la agilización en la contratación de personal y servicios, así como la ampliación de la asistencia financiera y legal para familias migrantes.

Horvath señaló que las redadas “no se tratan de seguridad, sino de miedo” y consideró que la declaración de emergencia permitirá actuar “con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades migrantes”.

Entre las medidas contempladas, la declaración de emergencia también podría incluir protecciones para inquilinos, como moratorias de desalojos dirigidas a quienes hayan perdido ingresos debido a las redadas. De manera paralela, la Junta solicitó un informe legal para explorar mecanismos que respalden la implementación de esta medida y garantizar la protección de las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.

Desde junio, el Condado de Los Ángeles ha sido uno de los más afectados por las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), generando un clima de incertidumbre y temor en las comunidades migrantes.

La posible declaración de emergencia busca dotar al condado de herramientas legales y administrativas para mitigar los efectos de estas operaciones y brindar apoyo a quienes se han visto directamente impactados.