La ofensiva estatal y federal contra las estructuras criminales que operan en el corredor Zamora–Jiquilpan–Sahuayo escaló al terreno político-institucional: al menos tres corporaciones municipales quedaron bajo intervención de facto y autoridades locales están bajo investigación por su presunta participación o tolerancia en los bloqueos violentos del fin de semana pasado.

El caso más visible fue Ecuandureo, donde 11 policías, incluido el director, fueron detenidos y trasladados a un penal de alto impacto, señalados de filtrar información y facilitar acciones delictivas.

A la par, se confirmó la destitución de los directores de Seguridad Pública de Jiquilpan y Zamora, en lo que fuentes de seguridad describen como una “depuración urgente” ante indicios de colusión o incapacidad operativa frente a los grupos que paralizaron carreteras y quemaron vehículos en la región Lerma-Chapala.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que las investigaciones alcanzan “a casi todas las policías” del occidente michoacano.

El trasfondo es político. El occidente michoacano concentra economías agrícolas y comerciales estratégicas, berries, granos, agroindustria, donde el control territorial del crimen organizado se traduce en presión directa sobre ayuntamientos y policías.