En medio de un creciente problema de seguridad en la capital michoacana, los homicidios relacionados con el consumo de alcohol y la venta nocturna se han disparado en los últimos dos años. A pesar de las más de 6 mil licencias registradas para la venta de alcohol en la zona urbana, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar se ha mostrado renuente a cumplir con el mandato de contratar a la Policía Auxiliar para garantizar la seguridad en bares y restaurantes.

La administración de Martínez Alcázar ha sido señalada por persistir en un “doble discurso”, ya que, aunque el cabildo de Morelia ha endurecido las sanciones por consumo de alcohol en automovilistas y se han impuesto decenas de miles de multas en operativos de alcoholímetro, el negocio de las licencias municipales para la venta de alcohol sigue floreciendo.

El sector restaurantero de Michoacán ha expresado su preocupación por el aumento casi exponencial de los establecimientos de giros rojos, marcando una de las cifras más altas en la historia reciente. La velocidad con la que se otorgan nuevos permisos contrasta con la lentitud en la clausura de licencias para establecimientos problemáticos.

Con más de 400 licencias de Tipo C expedidas en la actual administración, a pesar de que ya no deberían concederse más permisos de este tipo, la ciudad se encuentra entre los municipios con mayor concentración de puntos de venta de alcohol. Las consecuencias de esta situación son evidentes, reflejándose en ataques a bares nuevos y un aumento alarmante de la violencia asociada al consumo de alcohol.

En este contexto, la necesidad de abordar de manera integral la problemática de la seguridad en los establecimientos de giros rojos se vuelve crucial, mientras la administración municipal enfrenta críticas por su aparente inacción frente a un problema en constante crecimiento.