Gustavo R. Gallardo

Este jueves, el Congreso de Michoacán aprobó la reforma constitucional conocida como “ley antideuda”, promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que prohíbe al Ejecutivo estatal contratar financiamientos cuyo plazo rebase el periodo para el que fue electo.

La modificación al artículo 44 obliga a que toda deuda se rija por principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, y establece que no podrán heredarse pasivos a la siguiente administración. La restricción no aplica a los 113 municipios.

La reforma se inscribe en un contexto de crecimiento sostenido del endeudamiento estatal. En los últimos 25 años, la deuda pública aumentó 640 por ciento, comprometiendo ingresos futuros y reduciendo el margen de inversión en servicios y obra pública.

El antecedente inmediato es el sexenio de Silvano Aureoles, periodo en el que la deuda mantuvo una tendencia al alza. En su tramo final se contrató un crédito por 4 mil 90 millones de pesos y se dejaron adeudos superiores a 2 mil millones, parte de ellos destinados a cubrir déficit y gasto operativo.

En 2025, cuatro de sus exfuncionarios fueron detenidos por presuntos delitos financieros y la Fiscalía General de la República giró orden de aprehensión contra el exmandatario.

El actual gobierno sostiene que, pese a ese escenario, ha invertido más de 40 mil millones de pesos sin recurrir a nuevos créditos y elevó los ingresos propios de 4.8 a 8.6 por ciento, recursos destinados a proyectos de infraestructura estratégica.