Los Estados Unidos no dejan de increpar verbalmente a México con la necesidad de una intervención militar, pero ¿qué se esconde detrás de sus amenazas?

Acento News

La retórica belicista de Washington se recrudece contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO): ahora son los republicanos Ron DeSantis y John Kennedy quienes piden intervenir México, con la lucha por el litio con China y Rusia como trasfondo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló de “desastre” migratorio y pidió cerrar la frontera sur de su geografía, mientras que el senador de Luisiana, John Kennedy, indicó que la economía mexicana –de 1.3 billones de dólares– depende tanto de la de su país –de 23 billones– que “sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figuradamente, estaría comiendo comida de gato enlatada y viviendo en carpas en un traspatio”.

Pero se trata de un falso argumento: con una guerra comercial contra China, los Estados Unidos son, en este punto, dependientes tanto de las materias primas y productos de México –con importaciones de 115 mil 500 millones de dólares sólo en el primer trimestre de 2023– como de la fuerza laboral de los más de 40 millones de mexicanos en suelo estadounidense, por lo que cerrar la frontera o suprimir sus relaciones con el gobierno de AMLO acabaría por debilitarlos aun más.

Sin embargo, Kennedy demanda que la directora de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, llame a López Obrador para que el ejército estadounidense entre a México a detener a los cárteles, es decir, para que las agencias de inteligencia de Washington vuelvan a operar en el país, un mensaje que no sólo republicanos como Dan Crenshaw sino también los demócratas repiten como un mantra desde hace más de año y medio. He ahí el asunto.

Agencias, fuera de México

El 10 de diciembre de 2020, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) regulara la actividad de las agencias estadounidenses en México, incluido el Buró Federal de Investigación (FBI), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que habían operado por décadas en territorio nacional, pero se desataron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien les dio manga ancha para hacer y deshacer sin ninguna clase de regla.

En el libro 2006 ¿Fraude electoral? Estudio de las anomalías de la elección presidencial de Jorge Alberto López Gallardo, se señaló que la empresa estadounidense Choice Point, encargada del sistema electrónico de votación en el estado de Florida, compró la base de datos del padrón electoral de México, que luego facilitó a una de las agencias de inteligencia de Washington.

Algunos de esos agentes se vincularon como consultores electorales a la firma Hildebrando 117, que organizó la campaña del Partido Acción Nacional (PAN), de Calderón Hinojosa entre 2005 y 2006, cuyo triunfo no fue puesto en duda por el Instituto Federal Electoral (IFE) de México, pese a la incontrovertible evidencia de fraude.

Después, Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga, aunque por debajo se alió a uno de ellos para destruir a los otros y controlar así el trasiego hacia el país de la Estatua de la Libertad que, mediante la DEA y las agencias federales de inteligencia, se hizo con el dominio del territorio mexicano con la Iniciativa Mérida y el Plan Rápido y Furioso de tráfico de armas.

En enero de 2021, AMLO acusó a la DEA de fabricarle delitos al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa Nacional. El 21 de abril de 2022, se anunció la expulsión de “una unidad de la DEA” de la geografía mexicana, porque “ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia”, apuntó López Obrador. Anne Milgram, directora de la DEA, expresó el 15 de febrero en el Congreso estadounidense que México debía “hacer más” para frenar el tráfico de fentanilo a su país.

Finalmente, este 17 de abril AMLO confirmó la salida de elementos de inteligencia estadounidenses que estaban de manera ilegal en México y pertenecían a catorce distintas agencias, como la DEA, la CIA, la NSA, el FBI y otras diez, ya que su “intromisión (era) abusiva, prepotente… no debe de aceptarse bajo ningún motivo”, dijo el presidente mexicano.

Los mensajes de John Kennedy, Anne Milgram, el congresista Dan Crenshaw o el pendenciero gobernador de Texas, Greg Abbott, buscan el regreso sin restricciones de las agencias de inteligencia estadounidenses a México.

Pero si con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos intervino decisivamente en la reorganización de los carteles en México, a los cuales, por otro lado, dotaba de armas con el Plan Rápido y Furioso, ¿por qué tanta desesperación por volver a territorio nacional, si el narcotráfico desde entonces es un negocio que mantiene bajo su jurisdicción? Hay que ir por partes.

El negocio circular del narcotráfico

En abril de 2000, el periódico francés Le Monde Diplomatique publicó que “los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, sus bancos y otras empresas multinacionales encabezaban una red global de crimen organizado y blanqueo de dinero” (Daniel Estulin, La trastienda de Trump).

En el caso de los carteles en México, Washington y Londres se hacían cargo de lavar lo obtenido con el narcotráfico, al ingresar dinero ilícito al sistema económico, haciéndolo lícito mediante las finanzas.

El periodista Michael Billington en larouchepub.com señaló el 10 de febrero de 2017 que ninguna “guerra contra el narco” serviría si no se atacaba de lleno el “corazón” del tráfico de drogas: “los bancos británicos, encabezados por HSBC, y sus filiales de Wall Street. Bajo su nombre anterior, Hong Kong and Shanghai Bank, HSBC administró el comercio de opio en Asia durante las Guerras del Opio del siglo XIX y, más recientemente, lavó dinero para los cárteles mexicanos de la droga en los Estados Unidos”.

Se tiene noticia de que fueron 881 millones de dólares, de 2006 a 2010, los que HSBC lavó al cártel de Sinaloa de México y al del Norte de Valle de Colombia, aunque al operar mediante paraísos fiscales organizados desde la City de Londres, cuyas operaciones nunca se hacen públicas, la cifra debe ser sólo la parte visible de tal ejercicio, un modus operandi que explica el documental El imperio financiero británico (2017) de Michael Oswald.

En el libro La trastienda de Trump, se exponen los cuatro modos en que los servicios de inteligencia de Estados Unidos operan para someter países en conjunto con sus bancos y trasnacionales: “Fase Uno Organizaciones privadas se enriquecen destruyendo un lugar mediante el crimen organizado, las operaciones encubiertas, la guerra o una variedad de todo lo anterior” (“11. Golpe de Estado Financiero”).

En la segunda fase, los norteamericanos, una vez se han malbaratado los recursos de la nación ocupada, los compran legalmente, a precio de saldo; en la fase tres, se somete el territorio mediante el Fondo Monetario Internacional (FMI) u otro organismo que ofrece préstamos para la reconstrucción del país, aunque quedan el tráfico sexual y de estupefacientes, así como una devastación social y ambiental. En la cuarta fase, Washington declara la victoria: las fundaciones e instituciones estadounidenses presuntamente salvan de la barbarie a quienes han intervenido.

Si quienes más se enriquecen con el tráfico de drogas en México y América Latina son británicos y estadounidenses, ¿podrían no ser ellos quienes han cooptado ese negocio para usarlo en su propio interés?

La batalla por el litio

La respuesta de la desesperación norteamericana por regresar las agencias a México puede estar en los constantes paseos que Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hace por Sudamérica.

En concreto, Richardson se mueve entre Bolivia, Chile y Argentina, “el triángulo del litio”, toda vez que esos países tienen más del 60 por ciento de las reservas mundiales de dicho metal, indispensable en la fabricación de baterías para coches eléctricos, computadoras, teléfonos celulares, redes e incluso aviones de combate y otras armas. En esa línea, puede leerse el golpe de Estado que sufrió el presidente Evo Morales.

China produjo en 2021 el 79 por ciento de las baterías de litio, lo que significa que domina el sector, mientras que Estados Unidos elabora el 6.2 por ciento. No obstante, el Reino Medio –como se denominan los chinos a sí mismos– sólo tiene 4.5 millones de toneladas del “oro blanco”, con lo que se sitúa en el sexto lugar mundial, muy por detrás de Bolivia (21 millones), Argentina (19.3 millones) y Chile (9.6 millones). México, en el noveno sitio, contaría con 1.7 millones de toneladas.

Por ello es que, recientemente, en Bolivia empresas chinas como CATL, BRUNP y CMOC firmaron acuerdos por mil millones de dólares en Potosí y Oruro para extraer litio, sin olvidar que entre 2005 y 2020, el Reino Medio hizo préstamos por tres mil 400 millones de dólares a la nación andina.

“En enero pasado, el Gobierno de Luis Arce contrató a CBC para el montaje de dos complejos industriales con la tecnología de EDL en Uyuni y Coipasa”, consigna elEconomista.es, con lo que habría capacidad de producción de 50 mil toneladas al año de carbonato de litio, “en grado batería y con un 99.5 por ciento de pureza”. Rusia, que no quiere quedarse atrás, también hace tratos con Bolivia mediante Uranium One Group.

Los dos países se han adelantado al complejo estadounidense en la carrera por el litio y este último mira con desesperación: “Estados Unidos llegó tarde a la fiesta y Washington claramente está ansioso por la ventaja inicial de China”, indicó el director del Programa América Latina del centro de estudios Wilson Center, Benjamin Gedan.

En México, AMLO creó en agosto de 2022 Litio para México (LitioMx), empresa estatal para la explotación del “oro blanco”; el 20 de febrero de 2023, firmó un decreto para declarar el litio propiedad de la nación y, una semana después, el día 28, Tesla anunciaba una fábrica de coches eléctricos, en una tentativa por quedarse con el metal de Sonora, recién nacionalizado por el gobierno federal que, sin embargo, el presidente López Obrador dijo que no se concesionaría a la empresa de Elon Musk.

En los últimos tiempos, las amenazas de los políticos estadounidenses para con México no han hecho sino subir de tono, sabedores de que la renuencia de López Obrador y el reloj en su batalla contra China y Rusia por el litio, les juegan en contra.

La carta de AMLO a Xi Jinping

Ahora es el fentanilo y son los carteles, Estados Unidos vuelve a su viejo esquema de cuatro fases para pedir una intervención en México. AMLO reacciona como un ajedrecista en el tablero mundial y decide enviarle el 4 de abril una carta a Xi Jinping, mandatario del Reino Medio, con el subterfugio de terminar con el trasiego de fentanilo.

“Últimamente, de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas del narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las fuerzas armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio”, se lee en la misiva del presidente mexicano.

Y, más adelante: “Acudimos a usted no para pedirle apoyo ante esos groseros amagos sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo”.

Evidentemente, leída en el contexto de la guerra que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mantiene con Rusia en Ucrania y la conflagración inevitable entre Estados Unidos y China, la carta a Xi Jinping parece más una advertencia de AMLO a Washington, una declaración de intenciones por acabar de situarse en el bando contrario, en caso de que el país de la Estatua de la Libertad quiera invadir México.

Las bravatas demócratas han cesado de momento; es el ala republicana la que continúa su retórica contra México que, electoralmente, le ha dado dividendos en el pasado. Con todo, esta vez parece que lo está en juego es otra cosa, una muy importante, que las tres principales potencias del mundo necesitan y que, por una magia obscura, existe en territorio nacional.