El abogado Martín Ramos, asesor y militante del Partido Acción Nacional (PAN), ha orquestado un sinfín de procedimientos jurídicos contra la autonomía de los pueblos indígenas de Michoacán, pero ninguno de ellos ha prosperado. Sin embargo, eso no le ha impedido estafar a gobiernos municipales al promover amparos carentes de sustento para derrocar un derecho reconocido en la Constitución.

La primera acción legal que Martín Ramos emprendió contra los pueblos originarios fue en Santa Fé de la Laguna, ubicada en el municipio de Quiroga, donde el litigante fracasó en su intento de evitar que dicha comunidad accediera a su presupuesto directo. Perdió en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y finalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posteriormente, el licenciado representó al Ayuntamiento de Erongarícuaro, donde presentó tres demandas de amparo identificadas con los números 153/22, 354/22 y 587/22, todas en el Juzgado Primero de Distrito, en contra de la transferencia del presupuesto directo a la comunidad de Jarácuaro. La situación fue la misma: fracasó, y la demarcación indígena pudo acceder a su autonomía financiera.

Aunado a ello, el abogado asesoró al Ayuntamiento de Chilchota para, sin éxito, detener el proceso de autogobierno y presupuesto directo en la comunidad indígena de Carapan, bajo los mismos argumentos legales que lo hicieron fracasar en los juicios de Santa Fé de la Laguna y Jarácuaro.

Esto quiere decir que las controversias presentadas por el abogado no sólo no han prosperado, sino que son un machote, por lo que su asesoría en poco les ha servido a los ayuntamientos que se rehúsan a ceder el presupuesto que, por ley, le corresponde a las comunidades indígenas de Michoacán.

Ante la falta de argumentos legales que lo acompañan, ahora el litigante pretende frenar la autonomía de la comunidad de Uricho mediante la violencia y la presión social.

Y es que, aun cuando los habitantes de Uricho demandan realizar una consulta libre, previa e informada para acceder a su presupuesto de manera directa, el abogado panista se ha valido de grupos de choque para impedir que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lleve a cabo dicho procedimiento.

Ante este escenario, Martín Ramos sigue asesorando a ayuntamientos michoacanos para evitar que más comunidades indígenas conquisten su autogobierno, pese a ser un derecho constitucional.