En los últimos años, la ciudad de Morelia ha sido testigo de un vertiginoso aumento en la aprobación de proyectos inmobiliarios bajo la administración de Alfonso Martínez Alcázar. A pesar de los problemas persistentes en los servicios básicos municipales, la falta de agua y el crecimiento desordenado de la mancha urbana, las empresas inmobiliarias continúan su expansión sin tregua.

Durante su primer mandato como alcalde “independiente,” el Cabildo encabezado por Martínez Alcázar dio luz verde a la construcción de 16 fraccionamientos, siendo notorio que 4 de ellos se aprobaron en el último día de su primer periodo administrativo (2015-2018).

En su segundo mandato como líder de la capital del estado, las inmobiliarias resurgieron con nuevos proyectos validados por el presidente municipal. El regidor Hugo Servín informó que solo en 2021 se aprobaron 6 desarrollos, en 2022 fueron 18, y en los primeros 9 meses de 2023, ya se han aprobado al menos 12 más.

Sin embargo, mientras el Ayuntamiento de Morelia continúa aprobando fraccionamientos, las denuncias y procedimientos contra las inmobiliarias se multiplican. La Procuraduría Ambiental de Michoacán (PROAM) ha confirmado que, solo en el año actual, se están llevando a cabo 3 procedimientos administrativos contra fraccionamientos en Morelia.

Una de las irregularidades más notorias es la aprobación de asentamientos inmobiliarios sin la debida manifestación de impacto ambiental, sin la aprobación en materia de protección civil y sin garantizar la disponibilidad de recursos hídricos.

Este incumplimiento de las normativas de urbanismo ha generado contingencias en la capital, como el caso del Cerro de Quinceo en 2018, cuando al menos 3 fraccionamientos se vieron afectados por un deslave, causando daños a viviendas, vehículos y propiedades, además de poner en peligro la seguridad de decenas de ciudadanos.

El crecimiento irregular de la mancha urbana de Morelia, impulsado por la aprobación del Cabildo en beneficio de desarrollos inmobiliarios, ha traído consigo una serie de desafíos sociales, como largos desplazamientos debido a la distancia, problemas de movilidad por la falta de vialidades y transporte público adecuado, escasez de servicios básicos e incluso la ausencia de una presencia efectiva de seguridad pública en estas áreas en expansión.