Las declaraciones de funcionarios de la administración Trump sobre que un hombre abatido por un agente federal en Minneapolis no tenía derecho a poseer un arma han sido rechazadas por juristas y criticadas por grupos proarmas afines al presidente. Consideran que el discurso oficial contradice años de oposición republicana a regulaciones sobre armas.

La polémica surge tras la muerte de Alex Pretti, de 37 años, quien fue abatido por un agente federal de inmigración mientras grababa un operativo con su teléfono. En videos revisados por medios se escucha a un agente gritar que tenía un arma antes de que se produjeran múltiples disparos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, sostuvo que los derechos de la Segunda Enmienda no aplican cuando alguien participa en disturbios u obstruye a la autoridad. Sin embargo, no presentó pruebas de que Pretti hubiera cometido actos violentos ni de que la protesta fuera un disturbio.

Minnesota permite el porte abierto y oculto de armas con licencia, incluso en protestas, y sus leyes son de las más permisivas del país. Aun así, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que no se puede acudir armado y con varios cargadores a una manifestación, postura que fue refutada por organizaciones locales.

Académicos como Megan Walsh, de la Universidad de Minnesota, sostienen que portar un arma legalmente no justifica el uso letal de la fuerza. Grupos como el Minnesota Gun Owners Caucus, la NRA y Gun Owners of America también criticaron a funcionarios federales por, dicen, generalizar y vulnerar derechos constitucionales que históricamente han defendido.