En Morelia, Michoacán, el anhelado programa de conversión del transporte de gasolina a gas natural, promovido por Alfonso Martínez Alcázar, se ha convertido en un escenario de impunidad y fraude. Más de 1,000 transportistas han sido víctimas de una presunta estafa que los ha sumido en deudas superiores a los 30 mil pesos cada uno, tras la adquisición de convertidores catalíticos que nunca fueron instalados.

En 2016, Martínez Alcázar, junto al entonces diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, anunció la gestión de 60 millones de pesos ante la federación con la intención de liderar la transición del transporte público de gasolina a gas natural en Morelia. Sin embargo, la empresa contratada para el suministro de los convertidores no cumplió con su compromiso.

A pesar de la licitación entre tres empresas locales, la compañía seleccionada carecía de la capacidad para proveer los convertidores catalíticos a las más de mil unidades de transporte, dejando a los concesionarios en la obligación de desembolsar fondos propios para adquirirlos.

La situación llevó a una protesta de transportistas, principalmente de las rutas naranja y roja, que exigieron en vano la entrega de los catalizadores, los cuales tenían un retraso de casi tres años. La empresa contratada, GNCV, admitió la falta de inventario de los convertidores.

El costo por cada convertidor, inicialmente de 7 mil pesos en 2016, se ha elevado a más de 30 mil pesos por unidad en 2023, debido al encarecimiento de las refacciones. A pesar de los recursos federales destinados y el dinero aportado por los transportistas, los convertidores adquiridos no fueron entregados.

El líder de la ruta roja de Morelia, Miguel Martínez, calificó este plan de modernización como una “estafa maestra del transporte” liderada por Alfonso Martínez, quien hasta la fecha no ha respondido a las acusaciones.

El impacto económico y operativo en el transporte colectivo ha sido considerable: unidades inoperables durante meses, deudas contraídas para su puesta en marcha y un perjuicio económico difícil de cuantificar.

A pesar de estas evidencias de fraude, el silencio reina en torno a este escandaloso caso, con la empresa contratada prácticamente desaparecida, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y perjuicio a los transportistas.