El Ministerio Público publicó un mensaje en la red social “X”, indicando que Alejandro Soto Reyes fue objeto de diligencias previas por parte de la Fiscalía Nacional por presunta comisión del delito de conmoción cerebral contra la administración pública mientras se desempeñaba como congresista por la República de Perú.

La conmoción cerebral implica la recaudación de impuestos o tasas arbitrarias por parte de una autoridad o funcionario público para su propio beneficio.

Una de las empleadas de su oficina en el Congreso, Phenelope Jhoana Contreras, también está bajo investigación por presuntamente ayudar a cometer el mencionado crimen.

Otro cargo se sumó a los que enfrenta Soto desde que asumió el cargo el 26 de julio según un reporte periodístico publicado este domingo.

Según la investigación, los empleados del presidente del Parlamento supuestamente contribuyeron con una parte de su salario mensual para financiar la publicidad del congresista en las redes sociales.

El legislador también alega que incitó al Congreso a aprobar una ley que ilegaliza los cargos de fraude y apropiación ilegal que le impuso la empresa de transporte Waynapicchu.