Para evitar cobros abusivos y recuperar la confianza ciudadana, la Fiscalía de Michoacán presentó nuevos lineamientos para empresas de arrastre y depósito vehicular. El fiscal Carlos Torres Piña señaló que actualmente algunas grúas cobran entre 50 y 100 mil pesos, montos que en muchos casos superan el valor del propio vehículo.

Con las nuevas reglas, las tarifas deberán ajustarse a lo autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), calculadas en UMAs. Esto significa que el tope por arrastre y depósito será de entre 5 mil y 10 mil pesos, dependiendo de la distancia.

El fiscal reconoció que muchos ciudadanos optaban por abandonar sus unidades ante costos “estratosféricos”. Ahora, además del tope tarifario, se implementará supervisión digital: registro en plataformas institucionales, geolocalización, evidencia fotográfica y cadena de custodia electrónica.

También se emitirán convocatorias para las empresas, que deberán sujetarse a un calendario de servicio para fomentar competencia. Aquellas que incurran en malas prácticas o brinden mal servicio serán dadas de baja.