El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, detalló los contratos que firmó Sonia Vargas Terrero cuando fue colaboradora de Genaro García Luna y que hoy ostenta un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el amparo de la ministra presidenta Norma Piña.
Acento News
Morelia, Michoacán.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, detalló los contratos que firmó Sonia Vargas Terrero cuando fue colaboradora de Genaro García Luna y que hoy ostenta un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el amparo de la ministra presidenta Norma Piña.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que la información es parte de la investigación que se realizó en torno al exsecretario de Seguridad Pública para conocer sus vínculos criminales y el dinero público que desvió hacia Estados Unidos, y que forman parta de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
Tal investigación se dio a conocer en contexto del juicio a García Luna en Estados Unidos, pero este lunes reveló datos sobre la participación en la gran trama criminal de Vargas Terrero, de quien dijo que “inexplicablemente” hoy día es directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.
Pablo Gómez subrayó que durante el sexenio de Felipe Calderón, Sonia Vargas Terrero fue responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares y que ninguno cumplió con los señalamientos legales en relación, precisó, “con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”.
Entre los otros firmantes de contratos destacan Facundo Rosas Rosas y Luis Cárdenas Palomino.
“Estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Linbaum”, dijo y precisó que estos eran para adquirir sistemas de rastro y localización de redes celulares.
Las adquisiciones se dieron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y reveló que con tales operaciones se extrajeron 700 millones de dólares del erario público.
“No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande”, subrayó, y dijo que estas personas involucradas en el caso “no son personas desconocidas para la Fiscalía, están sujetas a una investigación”.
Remarcó que no se trata “de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita (…) están vinculados a una gran trama de corrupción cuyo resultado económico está siendo reclamado por México” a Estados Unidos.
