Akbar Nájera

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó la vigilancia sobre personas y entidades que otorguen préstamos y créditos personales, al considerar estas operaciones como actividades vulnerables cuando no provienen de instituciones financieras, con el fin de prevenir lavado de dinero y otras irregularidades.

La medida aplica a quienes ofrezcan operaciones de mutuo, garantía o financiamiento y los obliga a registrarse ante la autoridad fiscal y presentar reportes periódicos, además de avisos especiales cuando las operaciones superen los 188 mil 282 pesos, equivalentes a mil 605 UMAs.

El SAT también exige la identificación de los clientes, integración de expedientes y la conservación de la documentación por al menos 10 años, lo que implica mayor control sobre la procedencia y destino de los recursos.

Para los consumidores, esto significa que su información personal y financiera podrá ser compartida con la autoridad fiscal, aunque la obligación principal recae en quienes otorgan los créditos, ya sean personas físicas, fideicomisos o empresas no financieras.

El incumplimiento puede derivar en sanciones que van de 23 mil 462 pesos hasta 7.6 millones, dependiendo de la gravedad.