En un operativo policial, las autoridades españolas lograron desarticular una banda criminal dedicada a vender ilegalmente cadáveres de hospitales y residencias de ancianos a universidades. La funeraria involucrada falsificaba documentación para retirar los cuerpos, preferiblemente de personas sin familiares, extranjeras o en condiciones de vida precarias.

La investigación, iniciada a principios de 2023, reveló que la banda vendía los cuerpos a universidades por alrededor de 1,200 euros cada uno. Se enfocaban en fallecidos con menos posibilidades de ser reclamados, evitando así entierros de beneficencia financiados por los ayuntamientos.

El modus operandi implicaba falsificar documentos de registro hospitalario y del Registro Civil para trasladar los cuerpos a instituciones académicas en lugar de darles sepultura. En un caso, un fallecido debía ser enterrado en un sepelio de beneficencia, pero fue vendido sin consentimiento familiar.

Además, se descubrió que la funeraria facturó 5,040 euros a una universidad por once incineraciones que no estaban reflejadas en ninguna factura de incineradora. Los investigados aprovechaban la disección de los cuerpos para introducirlos en féretros de otros difuntos, realizando cremaciones conjuntas y obteniendo notables beneficios fraudulentos.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles y la ética en el manejo de los restos mortales, así como la importancia de la vigilancia en el sector funerario para prevenir prácticas ilegales que atentan contra la dignidad y los derechos de los fallecidos y sus familias.