A más de una década de distancia, las muertes de al menos seis mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza en territorio estadounidense siguen sin respuesta. Ningún agente involucrado ha sido sentenciado, dejando a las víctimas y a sus familias en el abandono legal y moral.

Uno de los casos más emblemáticos es el de José Antonio Elena Rodríguez, un joven de 16 años asesinado en 2012 por disparos hechos desde el otro lado del muro en Nogales, Sonora. Su familia continúa exigiendo que México actúe con firmeza frente a la negativa de EUA para juzgar o extraditar al agente responsable.

Organizaciones de derechos humanos han alertado ante instancias internacionales sobre un patrón de violencia, discrecionalidad y ausencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades estadounidenses. Señalan que estos casos no son aislados, sino parte de una tendencia preocupante.

En la última década, más de 350 migrantes han muerto en incidentes relacionados con agentes fronterizos, en un contexto marcado por un discurso antimigrante que se agudizó durante la administración del presidente de EUA, Donald Trump.

Activistas y familiares insisten en que México no puede abandonar estos casos y piden mecanismos más firmes de exigencia y presión internacional para evitar que estas muertes queden permanentemente impunes.