En el municipio de Madero, Michoacán, una célula crimina mantiene bajo amenaza a ambientalistas y pobladores desde hace al menos una década. Las denuncias por tala ilegal, huachicoleo de agua y extorsiones han desatado una ola de agresiones contra quienes defienden el bosque, según una investigación de Proceso.

La noche del 6 de noviembre y la madrugada del día 7, hombres armados atacaron las viviendas de los ambientalistas Javier Gómez y Guillermo Saucedo Gamiño en la comunidad de El Sangarro. En la huida, los agresores también dispararon contra una pareja; la mujer murió y el conductor quedó gravemente herido. Ambos defensores lograron escapar hacia el cerro y permanecieron ocultos hasta el amanecer.

A pesar de que las víctimas pidieron auxilio, el presidente municipal, Juan Carlos Gamiño, dijo no poder intervenir. Los ataques ocurrieron a menos de cinco kilómetros de la cabecera municipal. Horas después, la policía halló una camioneta abandonada con granadas, explosivos y equipo táctico, junto con documentos a nombre del municipio.

Los ambientalistas acusan una relación permisiva entre autoridades locales y grupos criminales. La región ya registra asesinatos previos, como el del resinero Modesto Gutiérrez y el del maestro mezcalero Sergio Rangel, así como extorsiones a resineros y campesinos. En los últimos días han surgido nuevas amenazas en redes contra activistas y actores públicos.

La comunidad permanece en alerta mientras continúan denunciando la falta de protección y el creciente control criminal sobre la sierra.