En medio del persistente incremento de la violencia en la capital michoacana, la gestión de Alfonso Martínez Alcázar se enfrenta a una grave crisis de seguridad. A pesar de la instalación de mil 500 cámaras desde febrero, la situación no ha mostrado mejoría, con un alarmante patrón de asesinatos y balaceras que han convertido a la ciudad en un escenario de constante inquietud.

El tejido social de Morelia se ve afectado por grupos delictivos que operan sin tregua, perpetrando ataques letales que arrebatan la vida de dos a tres personas a diario. La inseguridad no solo se manifiesta en la pérdida de vidas, sino también en la violencia desatada en lugares de ocio, con la lamentable quema y balaceras que han impactado al menos seis bares o antros en el transcurso de este año, generando un promedio de un ataque por mes.

La percepción de los habitantes de Morelia refleja un profundo malestar. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI revela que el 53.4% de los capitalinos reprueban la labor de la policía municipal. Asimismo, un significativo 7.4% de los encuestados se siente vulnerable ante la posibilidad de ser víctima de un delito.

A pesar de los esfuerzos y la inversión en sistemas de vigilancia, la falta de avances en el control de la inseguridad refleja un desafío para Alfonso Martínez. Aunque el alcalde ha afirmado que Morelia es un ejemplo de paz, la realidad contradice su afirmación, generando descontento y desconfianza entre los residentes.

La urgencia de abordar esta crisis se hace cada vez más evidente, exigiendo no solo medidas de seguridad, sino también estrategias integrales para abordar las causas profundas que perpetúan la inestabilidad en la ciudad.