Según la contralora Azucena Marín, la alcaldía de Martínez Alcázar no ha comprobado la finalización de ocho obras, así como vínculos con empresas familiares del auditor de Michoacán, Miguel Ángel Aguire

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Irregularidades hasta en ocho obras por un monto superior a los 83 millones de pesos, fueron detectadas en contra del Ayuntamiento capitalino que preside Alfonso Martínez Alcázar.

Así lo informó Azucena Marín Correa, secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), quien señaló que con fecha 11 de mayo se notificó a Martínez Alcázar sobre la auditoría que actualmente realiza la dependencia a 23 obras de distintos municipios, entre las cuales ocho pertenecen a Morelia.

Y es que, de acuerdo a las investigaciones de la Secoem, no existe reporte de que se hayan terminado ocho obras para las que desde la Federación se etiquetó recurso al Ayuntamiento de Morelia por un monto de 83 millones 582 mil 829 pesos, como parte del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Pública Municipal 2022 (Faeispum).

“El objetivo es vigilar y transparentar, no hay otro objetivo sino que el fondo llegue a los municipios, que no se quede estancado con una obra que nunca se terminó”, expuso Azucena Marín, quien añadió que para este año el Faeispum se había incrementado en un seis por ciento, motivo por el que los ayuntamientos debían ser más transparentes que nunca, a fin de comprobar que los recursos asignados se habían sido empleados según el presupuesto.

Las obras inconclusas o irregulares

Se trata de la “Continuación de la Construcción del Parque Lineal Boulevard García de León”, con un presunto avance del 83 por ciento y una inversión de 27 millones de pesos; la “Construcción de una Clínica de Autismo en el Municipio de Morelia”, también por 27 millones de pesos y que estaría concluida en un 75 por ciento.

A estas se suman la “Construcción de un Centro Administrativo en el Fraccionamiento Villas del Pedregal”, con un costo de diez millones de pesos y que apenas iría en un 53 por ciento de avance, es decir, a la mitad; además de la “Rehabilitación de un Espacio Público en la Colonia Cayetano Andrade” que, pese a una inyección federal de cinco millones 708 mil 677 pesos, está finalizada en un 88 por ciento.

Por cinco millones 327 mil 169 pesos, la Pavimentación del Cuerpo Norte en Avenida Solidaridad (entre García Obeso y Avenida Juárez) estaría sin acabar, en cuyo caso el Ayuntamiento de Alfonso Martínez ni siquiera habría presentado reporte; misma situación que con la “Construcción de un área recreativa en la colonia Infonavit Justo Mendoza”, por un monto de un millón 800 mil pesos, de la que tampoco existiría expediente ante la Secoem.

Para la “Construcción de Ciclovías en el municipio de Morelia”, en tres distintos tramos (en Calzada La Huerta, avenida Héroes Nocupétaro y avenida Francisco I. Madero Poniente), se habría notificado de un 25 por ciento de avance, aun cuando se etiquetaron recursos por cinco millones de pesos, en tanto que en la “Construcción de techumbre en Escuela Primaria ‘Francisco I. Madero’ en la comunidad de Tiripetío” se presentaría la finalización de la obra en un 68 por ciento y para la cual se erogaron recursos por un millón 800 mil pesos.

Conflicto de intereses

En el caso de la obra en el Parque Lineal del Boulevard García de León (por 27 millones de pesos) y el Centro Administrativo en el Fraccionamiento Villas del Pedregal (por diez millones de pesos), existe además otro señalamiento: el de que fueron entregadas por el Ayuntamiento capitalino a Maram Arquiconstrucciones y Arquidemos Constructor, empresas vinculadas a familiares del auditor Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por lo que existiría conflicto de intereses entre la alcaldía de Alfonso Martínez y el funcionario público, así como entre las empresas y el propio Aguirre Abellaneda.

Aun cuando Martínez Alcázar afirmó que la Secoem y el estado no podían auditar los recursos allegados desde la Federación, la contralora señaló que de acuerdo a las reglas de operación del Faeispum y a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, artículo 8, 22 y 45, “en ningún caso los recursos pierden el carácter estatal”, lo que significa que “los municipios tienen la obligación de hacer el registro y control en materia contable, presupuestaria y jurídica para demostrar ante la autoridad que el origen y destino corresponde a los recursos otorgados que se le bajaron al municipio”.

Dicho de otro modo, jurídicamente el Ayuntamiento de Martínez Alcázar debe comprobar por qué no ha terminado las obras y, en su caso, dónde está ese recursos, así como dar cuenta de las obras contratadas con Maram Arquiconstrucciones y Arquidemos Constructor, empresas de familiares del auditor Miguel Ángel Aguirre.